Un comentario del defensor Arnaldo Ahumada reavivió este miércoles la polémica que generó el caso “Rigourd” en los Tribunales provinciales. A propósito de una audiencia en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, el letrado comentó que, luego de indagar al imputado Jorge Rigourd, el ex fiscal Guillermo Herrera le había dicho que esta causa no “era” de él sino de Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público Fiscal y Pupilar. “Cualquier cosa que necesités y si querés un alivio para tu cliente, andá a hablar con ‘Pirincho’ (apodo de Jiménez)”, relató Ahumada en presencia de los camaristas Eudoro Albo, Enrique Pedicone y Liliana Vitar; de Estela Velia Giffoniello, fiscala de Cámara N°5; del secretario Mario Visuara y de Mariano Fernández, defensor del coimputado Hugo Sánchez.
El letrado, que ayer corroboró los hechos a este diario, dijo al tribunal que él dio libertad de acción a Rigourd y que este se negó a hablar con Jiménez. Y recordó que, luego de indagarlo, Herrera exhibió a su cliente esposado ante la prensa (estuvo 42 días detenido en máxima seguridad de Villa Urquiza). Ante los jueces, Ahumada precisó que la “anécdota” del comentario del ex fiscal era un asunto grave y precisó que él ya había hablado de este asunto en off the record con periodistas de LA GACETA.
Las manifestaciones del abogado tuvieron lugar en un acto convocado para escuchar a las partes respecto de la decisión de enviar el caso “Rigourd” a la Justicia Federal que adoptó la jueza Mirta Lenis de Vera. Antes, la fiscala Mariana Rivadeneira (N°1) había considerado que se trataría de un caso de lavado de activos y que, por ende, la Justicia provincial era incompetente. Ahumada citó el comentario de Herrera luego de decir que no entendía por qué el Ministerio Público había pasado de poner el máximo interés en la persecución de Rigourd a “querer sacarse la causa de encima de cualquier manera”. Este sábado, el abogado dijo que Herrera incluso había convocado a presentar denuncias contra Rigourd, a quien acusó de perpetrar una estafa múltiple y reiterada. Con la excepción de Giffoniello, las partes sostienen que la causa se debe seguir tramitando en sede provincial.
Consultado al respecto, Jiménez dijo que estaba siendo interrogado sobre la base de “dichos de gente” y no sobre lo que había ocurrido en la audiencia. “Usted tiene que ver el acta para recién verificar el contenido. Cerciórese bien y luego pregunte”, exigió el jefe de los fiscales y defensores oficiales. Y manifestó: “el comentario del abogado Ahumada no tiene ninguna realidad procesal ni legal. A mí no me consta que haya dicho lo que dicen que dijo”. Herrera no pudo ser ubicado por vía telefónica.
El acta de la audiencia expresa que Ahumada, “tras exponer ante los miembros del tribunal los fundamentos de la apelación”, concretó esta en los términos de que se anule o se revoque el fallo de Lenis de Vera. Durante una conversación por teléfono, Albo, que es el presidente de la Cámara, explicó que el acta refleja el objeto de la impugnación del abogado. “A veces las partes exponen durante horas y hablan de muchas cosas. Luego, dictan la síntesis de su planteo al secretario”, expresó el magistrado, quien precisó que no podía hablar sobre la conversación que no figuraba en el acta.
Ahumada ratificó que en su exposición ante la Cámara ventiló que Herrera le había dicho que él no podía hacer nada porque el caso “pertenecía” a su jefe Jiménez y que el acta simplemente especificaba su posición contraria a la pretensión de girar el caso a la Justicia Federal. El defensor de Rigourd explicó que, durante el acto, Albo le sugirió que presentara su testimonio en el proceso penal paralelo que procura esclarecer si Herrera cometió delitos mientras controló el caso “Rigourd”.
A mediados del año pasado, el fiscal Diego López Ávila (N°4) dijo que habría pruebas de que el Ministerio Público desplegó una conducta ilícita. López Ávila intervino en virtud de una denuncia del Colegio de Abogados de la Capital que atribuye a Herrera una actuación irregular en “Rigourd”, “Teves-Albarracín”, “Valdez” y “Jorrat”. En septiembre y acorralado por las acusaciones, el ex fiscal N°10 renunció para acogerse a la jubilación con el 82% móvil. En esa ocasión criticó a Francisco García Posse, titular del Colegio; a este diario y a Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema.
El requerimiento de López Ávila corroboró las anomalías detectadas por los auditores de la Corte en el caso “Rigourd”. Según el fiscal N°4, estaría probado que, durante el allanamiento de Cofin SA, empresa de Rigourd, Herrera exigió dinero al ejecutivo Jorge Cosentino a cambio de no detenerlo y que este entregó una suma a la supuesta sobrina del ex fiscal, María José Posse Bruhl.